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Amparo Directo en el Juicio de Arrendamiento

Juicio de arrendamiento

Concepto

Impugnación de sentencias en materia de arrendamiento inmobiliario mediante amparo directo

Palabras Clave

Formato Autoridades Responsables Sentencias Definitivas Procedimiento De Amparo Garantías Constitucionales Plazo Legal Interposición Pruebas Y Requisitos Formales Consecuencias De Nulidad Amparo Directo

Resumen

El objeto principal del documento es la interposición de un amparo directo en contra de sentencias definitivas dictadas en procedimientos de arrendamiento inmobiliario, con el fin de proteger las garantías constitucionales del quejoso frente a actos u omisiones de las autoridades responsables que violan sus derechos constitucionales, específicamente los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al quejoso, quien actúa en su propio derecho; las autoridades responsables (ordenadoras y ejecutoras de los actos reclamados); y en su caso, un tercero perjudicado cuya identidad y domicilio también se mencionan, así como el juez de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que emitieron las sentencias impugnadas.

Las obligaciones y derechos establecidos en favor del quejoso comprenden el derecho a la protección judicial efectiva y a la revisión de las sentencias que violen sus garantías constitucionales. En particular, el documento faculta al quejoso a solicitar la revisión de las resoluciones que, en su opinión, violan sus derechos, y a que se le conceda el amparo y protección de la justicia federal.

Los procedimientos y formalidades requeridas incluyen la presentación formal de la demanda de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, fundamentando la demanda en los artículos constitucionales y legales aplicables, y describiendo detalladamente los actos u omisiones que se consideran violatorios, así como las anomalías en el procedimiento judicial anterior.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o por la aceptación de la demanda incluyen la posible nulidad de las sentencias impugnadas, la protección de los derechos constitucionales del quejoso, y la orden de que las autoridades responsables rectifiquen o anulen los actos violatorios, garantizando así el re