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Amparo Indirecto Contra Negativa Ficta

Amparo indirecto

Concepto

Protección constitucional frente a negativa ficta en respuesta a petición formal

Palabras Clave

Formato Derecho De Petición Juicio De Amparo Indirecto Autoridad Responsable Plazo Breve Respuesta Violación Garantías Constitucionales Procedimiento Formal Demanda Consecuencias Incumplimiento Amparo Indirecto

Resumen

El objeto principal del documento es promover un juicio de amparo indirecto para obtener la protección constitucional frente a la omisión de contestación por parte de una autoridad responsable, específicamente en casos de negativa ficta o incumplimiento en la respuesta a una petición formal.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al quejoso (persona moral representada por su apoderado), la autoridad responsable (en este caso, el Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria), y en su caso, terceros perjudicados, aunque en este ejemplo no los hay.

Las obligaciones, derechos y facultades establecidas en favor del quejoso comprenden:

  • El derecho de petición reconocido en el artículo 8º constitucional, que obliga a la autoridad a responder en un término breve (que jurisprudencialmente no debe exceder de cuatro meses).
  • La facultad del quejoso de solicitar amparo ante la omisión en la contestación, y la obligación de la autoridad de dar respuesta escrita y en tiempo.
  • La facultad del representante legal de promover el juicio de amparo en defensa de la garantía constitucional violada.

Los procedimientos y formalidades incluyen:

  • La presentación del escrito de demanda de amparo en tiempo y forma, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones.
  • La precisión de los hechos y la fundamentación jurídica basada en la violación del artículo 8º constitucional.
  • La anexión de copias certificadas de los escritos, constancias de recepción, y documentos que acrediten la petición y la omisión.
  • La solicitud de audiencia constitucional y la petición de que se reconozca la personalidad del promovente.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento de la autoridad incluyen la declaratoria de violación de la garantía constitucional y la protección del derecho de petición mediante la orden de que la autoridad responda en los términos constitucionales.

Respecto a los *