Cuestionario para el desahogo de la prueba de inspección judicial
Práctica forense de jucio oral penalConcepto
Procedimiento de inspección judicial y formulación de cuestionario probatorio
Palabras Clave
Resumen
El presente documento tiene por objeto constituir un cuestionario para el desahogo de la prueba de inspección judicial en un proceso legal en México, cuyo propósito principal es obtener información probatoria respecto a las características físicas, condiciones y accesos del inmueble objeto de inspección. La finalidad es acreditar hechos y circunstancias relevantes para la resolución del asunto judicial en trámite.
Los sujetos jurídicos relevantes en este acto son la parte que presenta la defensa (quien formula el cuestionario) y la autoridad judicial encargada de practicar la inspección. La parte que presenta el cuestionario tiene la facultad de solicitar a la autoridad que realice la inspección y que recabe la información necesaria para sustentar su posición procesal.
Se establecen obligaciones y derechos en favor de la parte que formula el cuestionario, tales como la de solicitar la inspección en un lugar determinado, definir los aspectos específicos a verificar, y procurar que la diligencia se lleve a cabo en condiciones que permitan la obtención de información útil y fidedigna. La autoridad judicial tiene la obligación de practicar la inspección conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la legalidad y objetividad del acto.
El procedimiento requiere que el cuestionario sea presentado con antelación a la diligencia de inspección, permitiendo así a la autoridad preparar la diligencia y a las partes ejercer su derecho de defensa. La inspección debe realizarse en el lugar y en las condiciones señaladas, documentando de forma precisa los hechos y circunstancias observadas.
En caso de incumplimiento de las formalidades establecidas, como la omisión de presentar el cuestionario o la inobservancia de los procedimientos, podrían derivarse consecuencias jurídicas como la nulidad de la diligencia, la imposición de sanciones a la parte responsable, o la invalidez de la prueba recabada si se vulneran derechos fundamentales o garantías procesales.
No se