Declaración Ministerial

El objeto principal del documento es formalizar la declaración ministerial del indiciado en el marco de una averiguación previa, constituyendo una diligencia de investigación que busca recabar la versión del imputado respecto a hechos delictivos específicos.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al indiciado, quien declara y a quien se le informa de sus derechos; al representante social o Ministerio Público, quien dirige y autoriza la diligencia; a los testigos que intervienen en la misma; y a la persona de confianza designada para asistir al indiciado.

Las obligaciones y derechos establecidos comprenden que el indiciado debe declarar con verdad, en presencia del representante social y de su persona de confianza, sin ser objeto de malos tratos ni coacciones. La autoridad tiene la obligación de informar al indiciado de sus derechos conforme al artículo 20 constitucional y al Código Federal de Procedimientos Penales, así como de garantizar la legalidad de la diligencia y la protección de los derechos del imputado.

Los procedimientos y formalidades incluyen la lectura del acto, la identificación del indiciado, la explicación de derechos, la declaración espontánea del imputado, y la manifestación de la persona de confianza. La diligencia termina con la ratificación de las declaraciones, la firma de los participantes, y la resolución del asunto por parte del Ministerio Público, quien puede acordar la libertad provisional si la situación lo amerita.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o irregularidades no expresamente señaladas en el fragmento, implican que la declaración puede ser considerada inválida si se violan derechos fundamentales, o que la autoridad puede adoptar las medidas correspondientes en caso de coacción o malos tratos.

No se especifican plazos, términos o vigencias particulares en el fragmento; sin embargo, la diligencia se realiza en un momento determinado, y la resolución de la solicitud de libertad provisional se somete a l