Denuncia Penal de Hechos en Relación a la Propiedad Industrial

El objeto principal del documento es la presentación de una denuncia penal de hechos relacionados con la propiedad industrial, específicamente en el marco de una posible infracción o ilícito en contra de un titular de derechos de propiedad industrial.

Los sujetos jurídicos relevantes son el denunciante, quien actúa en su propio nombre y en calidad de titular de derechos de propiedad industrial, y el presunto responsable, en contra del cual se dirige la denuncia. Además, se menciona al Procurador General de la República como autoridad competente para recibir y tramitar la denuncia, y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano que emitió determinaciones relacionadas con el ilícito.

Las obligaciones y facultades establecidas en favor del denunciante incluyen:

• La obligación de formular la denuncia formalmente en los términos y con los fundamentos legales correspondientes.
• La facultad de producir y ofrecer pruebas que acrediten la existencia del ilícito y su interés jurídico.
• La facultad de solicitar la apertura de la averiguación correspondiente en caso de que las conductas descritas puedan constituir delito.

Las formalidades y procedimientos requeridos comprenden:

• La presentación formal del escrito ante la autoridad competente, en este caso, el Procurador General de la República.
• La indicación de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la autorización de apoderados.
• La referencia de hechos y pruebas que fundamentan la denuncia, incluyendo documentos públicos y probatorios administrativos.
• La firma del denunciante y la protesta de lo necesario para la validez del acto.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o falsedad pueden incluir la nulidad del acto si no se cumplen los requisitos formales, o la improcedencia de la denuncia si se acredita que los hechos no son constitutivos de ilícito o que la denuncia fue presentada de mala fe.