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Denuncia y Querella por Delitos de Falsificación de Documentos, Fraude Procesal y Otros

Denuncias

Concepto

Procedimiento de denuncia penal por delitos de falsificación y fraude

Palabras Clave

Formato Querellante Pruebas Documentales Autoridades Judiciales Peritajes Caligráficos Formalidades Procesales Sanciones Penales Responsabilidad Civil Denuncia Querella

Resumen

El objeto principal del presente documento es la interposición de una querella formal por delitos de falsificación de documentos, fraude, fraude procesal y otros ilícitos conexos, en contra de quienes resulten responsables, con la finalidad de que se investiguen y sancionen dichas conductas ilícitas.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al querellante (persona física que presenta la denuncia), los responsables potenciales (indiciados en los hechos), así como las autoridades judiciales y periciales que intervienen en el procedimiento.

Se establecen en favor del querellante derechos y facultades, tales como:

  • La presentación y sustanciación de la denuncia mediante escrito formal.
  • La aportación de pruebas documentales, testimoniales y periciales para acreditar la comisión de los delitos.
  • La solicitud de medidas probatorias específicas (copias certificadas, testimonios, peritajes caligráficos y grafoscópicos).

Asimismo, se describen las obligaciones y derechos de las autoridades judiciales, como la admisión de las pruebas, la orden de realización de los peritajes y la diligencia de toma de declaración a testigos.

El procedimiento comprende varias formalidades:

  • La presentación del escrito de querella en el departamento correspondiente, señalando domicilio para notificaciones y autorizando a terceros para recibir notificaciones.
  • La aportación de documentos públicos, informes laborales y peritajes caligráficos.
  • La práctica de pruebas testimoniales y periciales.
  • La solicitud de oficios a departamentos técnicos especializados.

Respecto a las consecuencias jurídicas por incumplimiento, si se demuestra la falsificación, se puede proceder a la imposición de sanciones penales y a la restauración del estado de derecho mediante la nulidad de los actos ilícitos, como la ejecución de embargos o remates basados en documentos falsificados.

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