Determinación para el no ejercicio de la acción penal

El objeto principal del documento es formalizar la determinación de no ejercicio de la acción penal en un procedimiento penal específico, fundamentado en el otorgamiento del perdón por parte del ofendido y en la existencia de circunstancias que permiten el sobreseimiento del proceso.

Los sujetos jurídicos relevantes son el Ministerio Público, representado por el Licenciado adscrito a la Fiscalía, los testigos, el querellante o ofendido, y el imputado o inculpado. Además, intervienen el Procurador General de Justicia y la autoridad judicial.

Las obligaciones y facultades en favor de la autoridad consisten en:

• Emitir opinión técnica respecto a la procedencia del no ejercicio de la acción penal.
• Solicitar y obtener autorización del Procurador para el archivo y sobreseimiento del expediente.
• Dictaminar y determinar la procedencia del sobreseimiento, basándose en las probanzas, el perdón del ofendido, y las circunstancias del caso.
• Remitir el expediente al Procurador para efectos de autorización.

Las formalidades y procedimientos requeridos incluyen:

• La elaboración de un dictamen técnico fundamentado en las constancias existentes, incluyendo declaraciones, constancias médicas, dictámenes periciales y manifestaciones de los comparecientes.
• La solicitud formal de autorización ante el Procurador General de Justicia.
• La autorización expresa del Procurador, que debe ser previa a la conclusión del proceso en segunda instancia.
• La emisión de una determinación formal que declare el no ejercicio de la acción penal y el archivo del expediente.
• La remisión del expediente original a la autoridad competente.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o en caso de procedencia son:

• La extinción de la acción penal mediante el sobreseimiento, que implica el cese de la persecución penal y la extinción de la responsabilidad del inculpado.
• La autoridad judicial de