Formato de Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la Posesión y Pleno Dominio de un Predio
Juicio de usucapionConcepto
Reconocimiento y adquisición de dominio por prescripción
Palabras Clave
Resumen
El documento tiene por objeto principal constituir un medio de prueba y reconocimiento de la posesión y pleno dominio de un inmueble mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, orientado a acreditar la situación jurídica del predio ante la autoridad competente y, en su caso, obtener la declaración judicial de prescripción adquisitiva que sirva como título para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Los sujetos jurídicos relevantes comprenden al promovente o solicitante, quien acredita la posesión y dominio del inmueble; las autoridades judiciales (juez y agente del Ministerio Público); los testigos que aportan prueba testimonial; y, en ciertos casos, los representantes legales o apoderados que actúan en nombre de los interesados. También intervienen profesionales del derecho para efectos de notificaciones y asesoría.
Entre las obligaciones y derechos principales del promovente destacan: la presentación y aportación de la documentación probatoria que acredite la posesión pública, pacífica, continua y de buena fe durante un periodo prolongado (aproximadamente veintiséis años); la justificación de la inexistencia de antecedentes registrales del inmueble; la promoción de las diligencias necesarias para la declaración de prescripción adquisitiva; la oferta y rendición de prueba testimonial y documental; y el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para la integración del expediente y comparecencia ante la autoridad. La autoridad, por su parte, está obligada a verificar la documentación y emitir la resolución correspondiente.
El procedimiento comprende la presentación del escrito inicial en jurisdicción voluntaria con la documentación probatoria, la solicitud de intervención del Ministerio Público, la designación y ofrecimiento de testigos para la prueba testimonial, la celebración de audiencias o diligencias para verificar la situación jurídica del inmueble, y la protocolización de las actuaciones
