Ofrecimiento de Pruebas de la Defensa y del Indiciado dentro del Plazo Constitucional

El presente documento tiene como objeto principal la oferta de pruebas por parte de la defensa en un proceso penal, en cumplimiento del plazo constitucional establecido en el artículo 19 de la Constitución Mexicana, garantizando el derecho a la defensa y a la contradicción.

Son sujetos jurídicos relevantes el defensor particular del indiciado, quien actúa en representación del mismo, así como los testigos y perito designado que se ofrecen para acreditar hechos, establecer la verdad histórica y fundamentar la inocencia del imputado.

Se establecen las facultades y obligaciones del defensor de ofrecer, solicitar y gestionar la admisión de las pruebas, así como de citar y hacer comparecer a los testigos, peritos y autores de documentos privados, todo dentro del plazo constitucional para garantizar la validez y oponibilidad de las mismas.

El documento requiere que las pruebas sean ofrecidas formalmente mediante la manifestación expresa en el escrito, solicitando su admisión y notificación de las fechas para su desahogo, asegurando así el cumplimiento de los procedimientos y formalidades procesales establecidos en la legislación penal mexicana.

Se señala que el incumplimiento de estas formalidades o la no presentación de las pruebas en tiempo y forma puede afectar la defensa del indiciado, pudiendo derivar en la nulidad de las mismas o en la imposibilidad de su valoración en el juicio, además de afectar la garantía constitucional del debido proceso.

Los plazos son estrictamente los establecidos en el artículo 19 constitucional, por lo que la oferta de pruebas debe realizarse dentro del plazo constitucional para que sean consideradas válidas y puedan ser sometidas a valoración en la etapa procesal correspondiente.

No se especifican condiciones suspensivas o resolutorias en este fragmento, pero se vincula la validez de las pruebas a su correcta presentación en tiempo y forma, y a la aceptación formal por