Opinión Fundada al Procurador General de Justicia

El objeto principal del documento es emitir una opinión fundada al Procurador General de Justicia del Estado respecto del no ejercicio de la acción penal en un caso específico, fundamentándose en la situación procesal y en los elementos probatorios recabados en la averiguación previa.

Los sujetos jurídicos relevantes son el Procurador General de Justicia, el Ministerio Público, el ofendido o agraviado, el probable responsable, y en algunos casos, los testigos y el órgano investigador.

Las obligaciones y facultades en favor del Ministerio Público incluyen la investigación de los hechos, la valoración de los indicios y la emisión de opinión fundada respecto del ejercicio o no de la acción penal. En particular, tiene la facultad de formular una opinión fundamentada al Procurador, recomendando el no ejercicio de la acción penal si se cumplen los requisitos establecidos.

Los procedimientos y formalidades requeridas comprenden la recolección y valoración de diligencias (querellas, declaraciones, convenios de perdón, reparación de daños), la ratificación de convenios por parte del probable responsable y del ofendido, y la elaboración de una opinión motivada basada en los indicios y en la normativa aplicable. Además, se requiere la remisión del expediente al Procurador para la autorización correspondiente.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o por la correcta aplicación del procedimiento incluyen que, en caso de que se determine que no existen los requisitos de procedibilidad (como la querella), se emite una opinión fundada recomendando el no ejercicio de la acción penal y el archivo del expediente. La omisión o incorrecta valoración podría derivar en la continuación indebida de la investigación o en la nulidad de actuaciones.

Los plazos o términos no se especifican explícitamente en los fragmentos, pero se infiere que las diligencias y la emisión de la opinión deben