Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución

El objeto principal del documento es interponer un recurso de oposición contra un procedimiento administrativo de ejecución dictado por una autoridad fiscal, con la finalidad de impugnar la legalidad del acto y solicitar su nulidad o suspensión.

Los sujetos jurídicos relevantes son:

• La representada (persona física o moral obligada al pago de créditos fiscales),
• El apoderado general (quien actúa en nombre de la representada con facultades para promover recursos, recibir notificaciones y realizar actos de administración),
• La autoridad fiscal (que realiza la resolución impugnada y el procedimiento de ejecución).

Las obligaciones y derechos en favor del representante incluyen:

• La facultad de presentar el recurso de oposición,
• La justificación del carácter de apoderado mediante poder debidamente otorgado,
• La recepción y promoción de pruebas y alegatos en defensa de la representada. En carga de la autoridad, se encuentra la obligación de respetar los límites de sus facultades, en particular, no exigir créditos superiores a los legalmente procedentes, y actuar conforme a derecho en el procedimiento.

Los procedimientos y formalidades requeridas comprenden:

• La presentación del recurso por escrito dentro del plazo de 45 días hábiles contados desde la notificación o conocimiento del acto impugnado (artículo 121 del Código Fiscal de la Federación),
• La justificación del carácter de apoderado mediante poder notarial,
• La acompañamiento de pruebas documentales públicas y privadas, en particular:
  • Oficios y resoluciones que demuestren la existencia del crédito fiscal y su pago,
  • Recibos que acrediten la cancelación del crédito,
• La petición formal de que se tenga por presentado, se admitan las pruebas y se dicte la resolución correspondiente.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento incluyen:

• La posible nulidad del recurso si no se cumplen los requisitos formales o plazos,
• La imposibil