Poder General

El objeto principal del documento es otorgar un poder general en favor de un mandatario, con la finalidad de que ejerza actos de administración, dominio, y representación en diversos asuntos jurídicos y patrimoniales del mandante, incluyendo la gestión de bienes, celebración de contratos, y defensa en procedimientos judiciales y administrativos.

Los sujetos jurídicos relevantes son el mandante, quien otorga el poder, y el mandatario, quien lo recibe y ejerce en su nombre y representación. Además, interviene el notario público como autoridad certificadora del acto.

Las obligaciones y derechos establecidos en favor del mandatario comprenden la facultad de celebrar contratos, administrar bienes, representar al mandante ante autoridades judiciales y administrativas, promover demandas, aceptar recursos, y realizar todas las gestiones necesarias para la protección y desarrollo de los intereses del mandante. El mandatario tiene también la facultad de sustituir, conferir nuevos poderes o revocar los existentes.

Se establecen procedimientos y formalidades como la firma de la escritura pública ante notario, la lectura y explicación del acto, la manifestación de la capacidad legal del compareciente, y la certificación notarial de la identidad y capacidad del otorgante. Además, se especifica que el poder puede incluir cláusulas especiales o generales, y que puede ser sustituido o revocado por el mandante.

En caso de incumplimiento, el documento no detalla sanciones específicas, pero la naturaleza del poder y la certificación notarial confiere presunción de legalidad y validez, y la revocación o sustitución del poder puede afectar la validez de las actuaciones realizadas por el mandatario. La nulidad o rescisión podría derivarse de vicios en la formación del acto o incumplimiento de formalidades.

El mandato no especifica plazos o vigencias concretas, por lo que se entiende que tiene carácter general y puede ser revocado o sustituido en cualquier mo