Concepto

Demanda de amparo directo contra actos violatorios de garantías constitucionales en materia penal

Palabras Clave

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Resumen

El objeto principal del documento es presentar una demanda de amparo directo, con el fin de solicitar la protección de la justicia federal contra actos que se consideran violatorios de garantías constitucionales, específicamente en materia penal.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen:

  • El quejoso (persona que interpone el amparo), quien señala su domicilio para notificaciones y sus representantes legales, autorizados con cédulas profesionales.
  • La autoridad responsable, en este caso la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contra la cual se dirige la demanda.
  • Terceros perjudicados, si los hubiera, cuyos datos se deben precisar.

Las obligaciones y derechos establecidos en favor del quejoso comprenden:

  • La facultad de demandar el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos que violen garantías constitucionales.
  • La obligación de señalar claramente los actos reclamados, los preceptos constitucionales y secundarios violados, y los antecedentes del acto reclamado.
  • La facultad de solicitar la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 168, 170, 171 y siguientes de la Ley de Amparo.

Los procedimientos y formalidades requeridos incluyen:

  • La presentación formal del escrito de demanda de amparo, señalando domicilio y representantes.
  • La identificación precisa del acto reclamado, incluyendo fechas, resoluciones, y datos del proceso penal.
  • La exposición de los hechos, antecedentes y conceptos de violación, sustentados con fundamentos jurídicos.
  • La solicitud expresa de la protección constitucional y de la suspensión del acto reclamado.
  • La firma y protestas de veracidad.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o errores en la presentación pueden implicar la inadmisión de la demanda, la nulidad del acto reclamado, o la pérdida de la protección del amparo.

Los plazos o términos procesales están establecidos en la Ley de Amparo, particularmente en los artículos 1