Concepto
Protección judicial contra actos administrativos en proceso penal
Palabras Clave
Resumen
El objeto principal del documento es solicitar la protección del amparo y la justicia federal en contra de la resolución que decreta el auto de formal prisión y los actos administrativos relacionados con la identificación del quejoso, derivada de un proceso penal en su contra. Su finalidad es impugnar la legalidad de dichos actos, alegando violaciones constitucionales y legales que afectan sus garantías individuales.
Los sujetos jurídicos relevantes incluyen a la quejosa (persona que interpone el amparo), las autoridades responsables (ordenadora y ejecutora del acto reclamado), así como terceros perjudicados o testigos en el proceso. También se señalan los representantes legales y la licenciada en derecho autorizada para oír y recibir notificaciones en nombre de la quejosa.
Las obligaciones y derechos establecidos en favor de la quejosa comprenden: el derecho a la protección judicial efectiva, a que se respete su garantía de legalidad, igualdad y debido proceso, y a que no se le identifique por medios administrativos sin una resolución judicial que lo justifique. En carga de las autoridades responsables, recae la obligación de fundamentar y motivar sus actos, así como de respetar las garantías constitucionales y legales, en particular los derechos a la presunción de inocencia, contradicción, testigos y pruebas.
Los procedimientos y formalidades requeridos incluyen la interposición del amparo en los términos de la ley, la solicitud de suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y la presentación de copias certificadas y documentación probatoria que sustente la demanda. Además, se exige que las autoridades responsables fundamenten y motiven sus resoluciones, y que se respeten los plazos procesales establecidos, como los términos para la contestación, la resolución y la ejecución de las sentencias.
Las consecuencias jurídicas por incumplimiento de las obligaciones incluyen la **nul
