Modelo de Escrito para Solicitud de Convocatoria a Asamblea General de Accionistas
Sociedades mercantilesConcepto
Procedimiento judicial para la convocatoria de asamblea societaria
Palabras Clave
Resumen
El objeto principal del presente documento es solicitar formalmente la convocatoria a una Asamblea General de Accionistas mediante una petición judicial, en virtud de la omisión del Consejo de Administración de realizarla en los plazos legales establecidos.
Los sujetos jurídicos relevantes son: el accionista solicitante, quien actúa en su carácter de titular de acciones con valor nominal, el Consejo de Administración y el Comisario de la sociedad, además del Juez competente que conocerá del incidente.
Las obligaciones y derechos en favor del accionista consisten en: el derecho a solicitar la convocatoria de la asamblea conforme a los artículos 184, 185, 205 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como a que el Juez ordene la convocatoria en caso de incumplimiento. La obligación del Consejo de Administración y del Comisario es atender la petición y convocar la asamblea en los términos legales.
Respecto a los procedimientos y formalidades, el accionista debe acreditar su calidad mediante certificado de depósito de acciones, presentar una petición por escrito dirigida al Consejo de Administración, acompañada de copias certificadas y documentos probatorios, y solicitar al Juez que ordene la convocatoria si transcurren los plazos sin que se realice la misma. La solicitud debe tramitarse en forma incidental, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los artículos 1349 a 1356 del Código de Comercio.
Las consecuencias jurídicas por incumplimiento del Consejo de Administración incluyen la obligación de convocar la asamblea en el plazo que determine el juez, bajo apercibimiento de que la omisión puede dar lugar a la resolución del conflicto mediante resolución judicial. La inacción prolongada puede considerarse violatoria de derechos del accionista, generando la posibilidad de que el juez ordene la convocatoria y, en su caso, sanciones o medidas coercitivas.
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