Concepto
Formalización de querella penal por delitos patrimoniales
Palabras Clave
Modelo Querellante Ministerio Público Diligencias De Prueba Inspección Y Dictámenes Orden De Aprehensión Plazos Procesales Consecuencias Nulidad Actuaciones Querella Fuero
Resumen
El objeto principal del documento es la formalización de una querella penal por delitos de despojo, robo y daño en propiedad ajena, con el fin de que la autoridad competente inicie la investigación y ejerza la acción penal en contra de los presuntos responsables.
Los sujetos jurídicos relevantes incluyen:
- El querellante, quien actúa en calidad de ofendido y presenta la denuncia, señalando domicilio y autorizando a sus representantes profesionales.
- Los denunciados, identificados con sus domicilios y datos, presuntos responsables de los ilícitos.
- El Ministerio Público, como autoridad encargada de recibir, investigar y promover la acción penal.
- Los peritos, designados para realizar inspecciones y dictámenes técnicos.
- Los testigos, cuya comparecencia se solicita para ratificar hechos.
Las obligaciones y facultades en favor del querellante comprenden:
- Formular la denuncia formal con base en hechos ciertos y comprobables.
- Autorizar a profesionales para aportar elementos de prueba y participar en diligencias.
- Solicitar diligencias de inspección, dictámenes periciales y la comparecencia de testigos.
- Presentar documentos probatorios, como escrituras y planos, y solicitar certificación y devolución de originales.
- Pedir la integración de la averiguación previa y la emisión de orden de aprehensión si se acreditan los delitos.
Las formalidades y procedimientos requeridos incluyen:
- La presentación en tiempo y forma de la denuncia ante la autoridad competente.
- La ratificación de la denuncia y la realización de diligencias de prueba, incluyendo inspecciones y declaraciones.
- La designación de peritos y la orden para realizar inspecciones ministeriales o extrajudiciales.
- La certificación y devolución de documentos probatorios.
- La integración de la averiguación previa con todos los elementos de prueba necesarios.
Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o retraso pueden derivar en la nulidad de
