Demanda de Amparo Directo V

El objeto principal del documento es presentar una demanda de amparo directo en materia laboral, específicamente contra actos de una Junta de Conciliación y Arbitraje, que se consideran violatorios de derechos constitucionales y legales del quejoso. La finalidad es obtener la protección de la Justicia Federal frente a dichos actos y que se revoquen los laudos o resoluciones que se consideran ilegales o arbitrarios.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al quejoso (actor), quien promueve el amparo en su propio nombre y en representación de terceros si fuera el caso; la autoridad responsable, que en este contexto es la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje; y en algunos casos, terceros perjudicados vinculados a los hechos reclamados. Además, se autorizan representantes o apoderados para oír notificaciones y recibir documentos en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.

Se establecen derechos y obligaciones en favor del quejoso, como el derecho a que se le proteja contra actos que violen sus garantías constitucionales y legales, y la obligación de presentar pruebas, alegatos y documentación que sustenten sus argumentos. La autoridad responsable tiene la obligación de resolver conforme a derecho, admitiendo o rechazando pruebas, y dictando laudo o resolución fundamentada en la legalidad.

Los procedimientos y formalidades incluyen la presentación formal de la demanda en tiempo y forma, la identificación clara de los actos reclamados (laudos, resoluciones, notificaciones), la oferta y desahogo de pruebas, y la solicitud de que se declare la violación a derechos constitucionales y legales. Además, se requiere seguir los trámites previstos en la Ley de Amparo, incluyendo la remisión de expediente original, constancias y documentos probatorios a los tribunales colegiados.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o resolución ilegal incluyen la nulidad de los actos reclamados, la declaración de que se violaron derechos constitucionales, y en su cas